El cantante mexicano Gerardo Ortiz, conocido por sus corridos, se declaró culpable de un cargo de conspiración por realizar transacciones con un narcotraficante especialmente designado, según lo informado por la Fiscalía de Estados Unidos. Este caso está relacionado con su participación en conciertos organizados por un promotor vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien había sido sancionado bajo la Ley Kingpin, que prohíbe a personas y empresas estadounidenses realizar negocios con narcotraficantes.

Ortiz, quien fue contactado por el FBI en 2018, inicialmente consideró dejar de trabajar con el promotor Jesús “Chucho” Pérez Alvea, pero fue persuadido por Ángel Del Villar, director ejecutivo de Del Records, para continuar con las presentaciones. En total, Ortiz realizó 19 conciertos para el promotor sancionado, a pesar de las advertencias de las autoridades.

El juicio contra Del Villar, acusado de violar la misma ley, se lleva a cabo en una corte federal de Los Ángeles, donde Ortiz testificará en su contra. Este caso ha generado un debate sobre la relación entre la música regional mexicana y la narcocultura.